Durante los últimos años, Agricultura ha publicado en diciembre las disposiciones relativas a la aplicación de la Política Agrícola Común (PAC) para cada ejercicio estableciendo las condiciones para acceder a las ayudas de la misma. Este año, tras la puesta en marcha la campaña pasada de la nueva reforma, el gobierno se ha limitado a la aprobación de un Real Decreto por el que solo se contemplan modificaciones, en su mayor parte técnicas, referidas a las exigencias para el cobro de los pagos directos, la asignación de los derechos en el nuevo régimen de pago básico frente al anterior pago único o para el sistema de información geográfica de las parcelas agrícolas. El objetivo de la Administración agraria con la aprobación de diferentes modificaciones ha sido la de adaptar las disposiciones en vigor con la experiencia adquirida en 2015 para lograr una mayor eficacia y eficiencia en los procesos, simplificando la gestión en beneficio de los peticionarios, pero sin perder el control de las solicitudes y evitar el fraude en las ayudas.
En lo que afecta a la actividad agraria, la exigencia clave en la normativa actual para ser considerado como activo una persona física y, por ello, tener derecho a las ayudas, es que, al menos, un 20% de los ingresos por la actividad no fueran procedentes de las subvenciones, sino resultado de las operaciones de ventas en los mercados. A instancias de Bruselas, según el Ministerio, se produjo una reducción de esas exigencias para poder declarar una persona como activo, simplemente con llevar a cabo trabajos para el mantenimiento de las tierras o los pastos, sin necesidad de producir, pero con la obligación de mantener recibos de gastos derivados de esas acciones.
A petición de las autoridades comunitarias, una de las modificaciones introducidas con el nuevo Real Decreto es que el pastoreo se debe considerar como una tarea no de mantenimiento, sino como de una actividad productiva.
A la hora de excluir de los pagos directos, se contemplaba una lista negativa como aeropuertos o instalaciones deportivas, terrenos de constructoras, etcétera, en base a la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE). En el futuro, se va a contemplar también el Impuesto de Actividades Económicas.
En el sector agrario había levantado un cierto revuelo la exigencia de aportar la identificación de los propietarios de las tierras que se cultivan en sistema de arrendamiento o de aparcería. Esta exigencia se va a mantener, pero solamente cuando la parcela en cuestión supere las dos hectáreas, lo que deja fuera a una buena parte del territorio. Igualmente se aplicará una mayor simplificación en los mecanismos para el pago de ayudas asociadas como es el caso de la leche de vaca, manteniendo los niveles de pagos.
Agricultura mantendrá una estricta política de control en los pagos, pero las revisiones, en lugar de hacerlas dos veces al año, en invierno y en primavera, se harán una sola vez. Una de las novedades más significativas de la reforma se concretaba en las políticas de diversificación de cultivos y de medio ambiente donde destacaban los cultivos fijadores de nitrógeno. A la vista de los datos recogidos en este primer año, la Administración ha decidido la prohibición de dejar la tierra en barbecho después de un año con un cultivo fijador de nitrógeno para tener derecho a la ayuda.
Con la experiencia de un año se ha añadido a las causas de fuerza mayor que tiene en sus manos el beneficiario a la hora de defender sus derechos de pago básico el caso de que las peticiones de ayuda no hubieran sido tramitadas debidamente por las entidades colaboradoras siempre que el peticionario tenga un justificante de esa entidad y que pueda demostrar haber presentado la solicitud en una de las campañas precedentes.
El apoyo a la implantación de los jóvenes en la actividad agraria se mantiene como uno de los objetivos de la política agraria y concretamente en la reforma de la PAC donde se contemplan ayudas importantes con posibilidad de que las mismas lleguen a los 70.000 euros por persona. Unas de las ayudas son la posibilidad de acceder a los derechos de pago base procedentes de la Reserva Nacional o a través de los Planes de Desarrollo Regional. La normativa actual contemplaba, entre otras exigencias, tener una explotación prioritaria y ser de primera instalación. De cara al futuro, la principal y casi única exigencia será ser joven con menos de 40 años y tener una adecuada formación profesional para desarrollar ese trabajo, algo en lo que el mayor protagonismo deberá correr por parte de las Comunidades Autónomas.
Para la cesión de los derechos de pago básico, esta campaña, de forma excepcional, el plazo para los mismos se iniciará el 1 de febrero. Sin embargo, de cara al futuro, los plazos comenzarán siempre el 1 de noviembre y se mantendrán hasta que finalice el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda.
Por lo que respecta a la presentación de las solicitudes de pago, en la campaña anterior a la aplicación de la nueva reforma de la Política Agrícola Común, el plazo se inició el 1 de marzo y, de forma excepcional, se prolongó hasta el 15 de junio. En el futuro, desde esta campaña, ese plazo será desde el 1 de febrero al 30 de abril con una penalización del 1% de las ayudas por cada día de retraso en la presentación de la solicitud. Como en el pasado, se permitirán modificaciones a la petición inicial hasta el 15 de mayo.
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