Sector agrario, industria alimentaria y comunidades autónomas, tal como se esperaba, sin grandes diferencias en la filosofía general, marcaron en las jornadas de debate organizadas por el Ministerio de Agricultura las grandes líneas sobre lo que será la posición española ante las futuras negociaciones para la próxima reforma de la Política Agrícola Común, para aplicar en 2020, pero que se podría retrasar uno o dos años por dos razones. Primera, ante las previsiones de la Comisión de no presentar propuestas normativas hasta 2018 según comunicó en las propias jornadas el comisario Phil Hogan. Segunda, por celebración de elecciones en varios países y a las propias instituciones comunitarias con posibilidad de cambios sustanciales en las mismas. Estas circunstancias podrían dar lugar a que, como en ocasiones anteriores, se produzca lo que se conoce como chequeo o reforma intermedia con el reglamento “ómnibus” como base y que la reforma se aplace dos años. A partir de las grandes líneas de consenso expuestas en las jornadas, las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura ultimarán en conferencia sectorial la propuesta con la que acudirá España a Bruselas.
En un momento en el que desde diferentes posiciones se pone en duda la propia Unión Europea animadas por la salida del Reino Unido, comunidades autónomas y el sector han sido contundentes al valorar positivamente la existencia de la Política Agrícola Común como la política comunitaria más importante para mantener la cohesión entre todos los países miembros. España acudirá a Bruselas defendiendo el mantenimiento de la misma como una política básica en la construcción europea. Se entiende que la PAC ha cumplido con los objetivos que se pretendían con la misma de cara a la sociedad asegurando una oferta alimentaria suficiente en volumen, de calidad y con una seguridad alimentaria, a unos precios sostenibles para los consumidores comunitarios y los productores y enfocada al mantenimiento en líneas generales del territorio. No obstante esa valoración positiva, sector y comunidades autónomas consideran que la PAC actual, con tantas reformas sobre sus espaldas, tiene aún muchos retos por delante por resolver o mejorar en cuestiones como una mejor gestión de las crisis, en los mecanismos para la regulación de los mercados, en los procesos para la incorporación de los jóvenes a la actividad agraria, en el papel de la mujer, para el mantenimiento de la población en los territorios más desfavorecidos en el medio rural, en la mejor ordenación y el equilibrio de la cadena alimentaria, la modernización de las explotaciones, en la innovación en la actividad agraria y, en definitiva, para la mejora de las rentas en el campo.
A partir de esta apuesta por el futuro de la PAC, la posición española pretende una Política Agrícola Común fuerte desde la perspectiva financiera con el mantenimiento de los fondos, a pesar de la salida del Reino Unido, lo que obliga a realizar un ajuste y la posibilidad de que Bruselas plantee la asignación de más fondos para otras políticas como el empleo, las fronteras o la inmigración. El gobierno español, en la visita que giró el comisario de Agricultura Phil Hogan a Mariano Rajoy, se comprometió en apoyar una PAC con un presupuesto elevado para el cumplimiento de sus objetivos.
Frente a otras posibles vías de apoyo al sector que se han manejado en medios comunitarios, como la posibilidad de pagos contra cíclicos con ayudas en función de los precios habidos en los mercados, cobertura con seguros de riesgo, topes de ayudas por explotación, creación de fondos para apoyar en momentos de crisis, etc., desde sector y comunidades autónomas se opta mayoritariamente por defender el mantenimiento de los pagos directos para apoyar la renta agraria. Administraciones y sector no han sido partidarios en este punto de nuevas experiencias. Estiman que los pagos directos son la mejor vía para apoyar las rentas y han descartado la posibilidad de sondear nueva vías que sí defienden otros países comunitarios.
Dentro de la actividad agraria, el sector pretende que Bruselas tenga en cuenta la especificidad y la diversidad de la agricultura mediterránea y su papel en el mantenimiento de una serie de producciones y ecosistemas muy específico, así como un medio rural diferente al existente en los países del norte. España defiende la necesaria internacionalización de los mercados agrarios y alimentarios, la firma de nuevos acuerdos con terceros países, pero en un contexto de equilibrio y de reciprocidad donde los productos comercializados hayan sido obtenidos con sistema similar en lo que se refiere a cuestiones como bienestar animal, sanidad o uso de productos fito y zoosanitarios.
El equilibrio en el marco de la cadena alimenta preocupa a la organizaciones agrarias, a la industria alimentaria y, por lo visto en las jornadas, también a las propias comunidades autónomas, que tienen la competencias para luchar contra la venta a pérdidas de la gran distribución pero que, sin embargo, hasta la fecha han actuado como si la cosa no fuera con ellas si nos atenemos a las escasas actuaciones llevadas a cabo contra ese tipo de prácticas perjudiciales para industrias y sector agrario.
España es de los países pioneros en tratar de buscar, con una ley, un equilibrio en la cadena alimentaria. Bruselas también se ha hecho eco de este problema y ha planteado la necesidad de actuar en esa dirección para evitar prácticas abusivas. Estando todos de acuerdo, desde España se reclama la existencia de una normativa comunitaria en esa dirección en cuanto que son muchos los productos españoles que se adquieren por los grandes grupos de distribución en otros países y que sufren, como en España, los abusos de los grandes grupos de distribución comunitarios.
España pretende que desde Bruselas se profundice en la definición de activos, para que los fondos vayan prioritariamente a quienes ejercen la actividad agraria y se defiende el mantenimiento de los pagos acoplados para determinadas producciones.
En contra de lo sucedido en los en los años precedentes, España quiere una política que ofrezca más apoyo para mejorar el comportamiento de los mercados, así como medidas más ágiles para las situaciones excepcionales que suponen las crisis donde la gestión de las mismas peca de lentitud, lo que se traduce en que sean los agricultores y ganaderos quienes soportan las pérdidas por la escasa eficiencia de medidas aplicadas con retraso. En España interesa el papel y las posibilidades de actuar en los mercados que puedan tener las organizaciones de productores para operar en los mercados y, desde ese interés, se quiere clarificar el papel de las organizaciones para la comercialización de los productos agrarios frente a las barreras de Competencia.
Desde el sector y las comunidades autónomas se pretende una decidida política para evitar el despoblamiento del territorio en las zonas más desfavorecidas con más programas de apoyo al medio rural donde la agricultura rentable debe ser una actividad clave ligada a una política de servicios que suponga un adecuado desarrollo territorial global. España no deja a un lado la necesidad de unas políticas agrarias comunitarias que apoyen el uso eficiente del agua, el mantenimiento del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, la defensa de los microsistemas mediterráneos y todo ello desde un mayor esfuerzo para la innovación, la eficiencia, la modernización y sostenibilidad de las explotaciones y la transferencia del conocimiento a pie de cada agricultor o ganadero.
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