En julio de 2013, Administración central y comunidades autónomas suscribían un primer acuerdo en conferencia sectorial sobre las condiciones para la aplicación de la reforma en España de la nueva Política Agrícola Común (PAC). Hoy, justamente dos años después, el gobierno andaluz puso sobre la mesa de la Administración central para su debate con el resto de las comunidades autónomas una propuesta para modificar la asignación de los pagos directos acoplados a la producción. Como se esperaba, no hubo división entre las comunidades autónomas, sino total unanimidad en el resto para no solamente rechazar la iniciativa andaluza, sino incluso para negarse a crear un grupo de trabajo donde analizar el actual sistema de pagos de cara a su modificación. Desde Aragón se va más lejos para reclamar según acuerdo de su parlamento un vuelco a la actual reforma donde los derechos históricos han sido la referencia para asignar las ayudas actuales de pago básico.
La regulación actual de las ayudas de la PAC, pagos directos o los ligados a la producción tiene su origen en los acuerdos correspondientes suscritos entre Administración central y las comunidades autónomas en 2013 y 2014, acuerdos que ya se les presentaron como algo hecho a las organizaciones del sector agrario.
El acuerdo Ministerio-CC. AA. tenía el pago básico como eje de las ayudas en sustitución del pago único aplicado con la normativa anterior. Entre otras cuestiones se contemplaba el no trasvase de fondos entre los dos pilares, ayudas directas y desarrollo rural, destinar el 2% para apoyo a la incorporación de los jóvenes, los límites de superficies con derechos a las nuevas ayudas y el establecimiento de un máximo de ayuda por explotación en 300.000 euros si la Unión Europea lo autorizaba, algo que más tarde recibía la luz verde de Bruselas.
Estos primeros compromisos se ratificaban en un nuevo acuerdo también en conferencia sectorial en enero de 2014 donde, entre otros muchos puntos, hay dos destacados.
El primero fue el aparcamiento de la decisión anterior de fijar un techo máximo de ayuda de 300.000 euros. Desde las administraciones se justificó señalando que ello apenas si suponía fondos y que además podía dar lugar a una subdivisión de las explotaciones.
El segundo gran acuerdo fue la fijación del volumen de fondos para pagos acoplados o ligados a la producción. Bruselas permitía asignar para esos pagos hasta un 13% del montante de todas las ayudas directas, casi 5.000 millones de euros. La conferencia sectorial lo fijó en el 12,08% por un montante de 584 millones de euros de los que más del 80% se ha estado destinando a producciones ganaderas como vacuno de cebo o de leche, vacas nodrizas, ovino y caprino, remolacha, arroz, tomate industrial cultivos proteicos, legumbres o frutos de cáscara. Ese mismo compromiso contemplaba la posibilidad de la revisión del destino de esos fondos antes del 1 de julio de 2016 y, de cara a Bruselas, antes del 1 de agosto, y citaba como posibles nuevos sectores a apoyar el olivar de pendiente y de baja producción, el trigo duro, la uva pasa, la satsuma en los cítricos así como un seguimiento del sector lácteo por la supresión de la cuota.
En base a esta puerta abierta, el gobierno andaluz, sin conectar con el resto de las comunidades autónomas, hizo una propuesta al Ministerio de Agricultura por la que se contemplaba la modificación de las ayudas acopladas a las producciones de olivar en pendiente, uva pasa, frutos de cáscara, trigo duro, remolacha, caprino, ovino y vacuno de leche, en total por un importe de 56,31 millones de euros. Para el olivar en pendiente la modificación suponía, según la valoración de Agricultura, 35,26 millones de los que 28,7 serían para Andalucía, 2,2 para Extremadura, 1,7 para Castilla, La Mancha y 1 para Cataluña. Para uva pasa, el incremento de las ayudas ascendía a 684.800 euros, prácticamente en su totalidad para Andalucía. En uva pasa, el incremento de fondos ascendería 2,08 millones de los que 814.000 eran para esa comunidad autónoma, 285.000 para Aragón, 245.000 para Murcia y 191.000 para Cataluña. En trigo duro, el incremento ascendía a 12,17 millones, correspondiendo 7,4 a Andalucía y 4 para Aragón. En remolacha, el aumento de gasto era 2,2 millones, todos para Andalucía. En caprino, la propuesta suponía un incremento de 3,8 millones, de los que 1,3 eran para los ganaderos andaluces, 1,06 para Castilla La Mancha y 528.000 euros para Extremadura. En total, un aumento de pagos de 56,3 millones de euros de los que 41,8 era para el sector agrario andaluz.
Para la recaudación de esos fondos, Agricultura contemplaba un ajuste del 2% al conjunto de los pagos directos de la PAC que percibe actualmente todo el Estado. El balance final entre lo que se debía recortar a cada comunidad autónoma y lo que iba a ingresar según la propuesta, arrojaba un saldo positivo de 24,4 millones de euros para el sector agrario andaluz, mientras el resto de las comunidades autónomas, menos Murcia que tenía un balance positivo de 484.000 euros y 33.500 euros en la C. Valenciana, tenían un balance negativo de 9,17 millones de euros para Castilla y León, de 4,174 para Castilla La Mancha, de 3,9 millones de euros para Galicia, de 2,5 para Extremadura, de 1,4 para Cantabria y de cifras inferiores para el resto.
Nadie se sumó a la iniciativa andaluza.
Desde UPA se había propuesto que se incluya con derecho al pago acoplado al olivar en pendiente superior al 20% y de bajo rendimiento de todo el territorio estatal, probablemente más de 300.000 hectáreas en peligro de abandono, con posibilidad de financiarse, según la organización, en base a eliminar las ayudas por explotación a partir de los 300.000 euros y que puede adoptar la Administración.
La reforma en vigor de la PAC supone, en la parte positiva, el mantenimiento de los anteriores niveles de ayudas globales, esos casi 5.000 millones en pagos directos. Agricultura y las comunidades autónomas justificaban la necesidad de una estabilidad en los pagos para no provocar problemas de inseguridad en las que las estaban recibiendo. Sin embargo, en la parte negativa, desde diferentes posiciones se acusaba a la Administración de haber mantenido una total estabilidad en relación a los recursos, los derechos históricos, dando pagos muy altos para producciones como olivar de regadío de elevados rendimientos, mientras los secanos quedaban en la indigencia, a los algodoneros del Guadalquivir o a los tabaqueros extremeños, dejando prácticamente sin ayudas a otros sectores muy importantes como frutas y hortalizas frescas y al viñedo, por no hablar de cabañas ganaderas intensivas que nunca recibieron un euro, como el porcino o la avicultura, frente a los fondos que recibe el vacuno de cebadero. Desde la oposición se acusaba como responsable de esta política al ministro Arias Cañete, si bien la realidad es que ninguna autonomía quería perder, antes como hoy, un euro en relación con los fondos que estaba recibiendo.
En este contexto, el eje del debate se centraba en buscar esos 56 millones de nuevos fondos en base a mecanismos de modulación contemplados en la normativa comunitaria y no puestos en práctica en España. En materia de modulación, Agricultura decidió en su día aplicar solo el recorte del 5% a pagos por encima de 150.000 euros, algo que afecta a unos 1.900 perceptores por importe de unos 545 millones. Por el contrario, se dejó aparcada la posibilidad de eliminar los pagos unos 400 perceptores que reciben más de 300.000 euros por un volumen total de unos 75 millones de euros. Agricultura recalca que, aunque se aplicara ese techo de ayudas, los fondos obtenidos deberían ir para desarrollo rural y nunca para pagos directos según lo dispone la normativa comunitaria.
Hoy, de acuerdo con la distribución de los pagos directos, Andalucía ocupa un lugar destacado, más del 30% de los fondos con una media de 1.550 millones por el fuerte peso de ayudas muy elevadas por hectárea en el regadío, algodón u olivar de altos rendimientos, no el de secano o pendiente, por lo que sorprende que la revisión para captar más fondos proceda de esa comunidad autónoma. Le sigue de Castilla y León con 850, Castilla-La Mancha con 700, Extremadura con 470 y Aragón con 440 y a la cola las provincias ganaderas. A nivel estatal, a la cabeza de los pagos de la PAC se hallan las provincias de Jaén, Sevilla y Córdoba. Entre los quince municipios más beneficiados por las ayudas PAC, diez son andaluces: Sevilla, Córdoba, Granada, Jaén, Écija, Baeza, Alcalá la Real, y Villacarrillo. El valle del Guadalquivir es la zona donde llegan los mayores fondos de la PAC.
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