Palle Borgström. Vicepresidente del Copa y presidente de LRF
La presidencia sueca de la UE acaba de dar el pistoletazo de salida. Esto supone la oportunidad perfecta para reflexionar sobre cómo la legislación europea vigente y la que está por llegar, en concreto el Pacto Verde Europeo, afectan a mi región. Soy ganadero en el sector lácteo y dirijo una explotación familiar con mi hermano, a 40 km de Gotemburgo, en la costa oeste de Suecia. Dirigimos una explotación tradicional sueca con unas 170 vacas lecheras y 350 hectáreas de terreno agrícola. Además, poseemos y gestionamos unas 200 hectáreas de bosque como parte de nuestra empresa, algo común en nuestra región. Una explotación mixta como la mía se verá afectada por las múltiples políticas europeas y los objetivos establecidos en las dos comunicaciones clave del Pacto Verde, a saber, la estrategia «De la granja a la mesa» y la Estrategia sobre Biodiversidad.
En los últimos tres años, he seguido atentamente los avances de estas iniciativas tanto en Bruselas, a través del Copa-Cogeca, como desde mi organización nacional, la Federación de agricultores suecos (LRF). Concordamos con los objetivos generales estipulados por la Comisión Europea, puesto que son necesarios para encarar el cambio climático y la pérdida de la biodiversidad. Sin embargo, estamos sumamente preocupados por la ambigüedad general de estas políticas y la falta de un apoyo concreto a los agricultores, silvicultores y sus cooperativas. Ahora que empezamos a debatir la forma de aplicar estas políticas en las explotaciones, nos acercamos al momento crucial.
En el caso de Suecia, se plantea una fórmula poco realista con tres incógnitas: la puesta en práctica de la Ley sobre la restauración de la naturaleza, del Reglamento sobre la deforestación y de la Directiva sobre emisiones industriales. Las tres normativas nos afectarán de forma negativa por una gestión imprudente y chapucera. Quisiera ilustrar esta ecuación con un ejemplo muy concreto de mi propia explotación.
Por un lado, tenemos la propuesta de aplicación de la Ley de restauración de la naturaleza. En nuestro contexto nacional, tendremos que restaurar los pastos, en particular aquellos utilizados como zonas forestales. Desde principios del siglo XX, Suecia ha reforestado grandes extensiones de antiguas zonas ganaderas y de pastos. Aunque ahora se considera que la reforestación es el camino que seguir en algunos países, el mantenimiento de los pastizales seminaturales existentes será la clave de la biodiversidad en Suecia. Al mismo tiempo, el número de cabezas de ganado ha disminuido con el tiempo. Se calcula que bajo la Ley de restauración de la naturaleza deberemos transformar hasta un millón de hectáreas de zona forestal en pastizales. La mayor parte de dicha superficie será de propiedad y gestión privadas. Por tanto, se espera que transformemos nuestras explotaciones y bosques para cumplir las medidas de restauración. Ahora bien, para mantener y gestionar las praderas y los pastos permanentes, para evitar el abandono, el crecimiento excesivo o la reforestación de esas tierras, se necesitará aumentar significativamente la ganadería de pastoreo, especialmente de rumiantes.
Por otro lado, a esto hay que añadir los límites establecidos por el Reglamento europeo sobre la deforestación. La reciente aprobación de este reglamento impedirá la venta de madera obtenida de la tala de bosques destinados a la restauración de los pastos permanentes. También imposibilitará la reintroducción de ganado en los pastos de los agroecosistemas de pastoreo, aun siendo rentable. Esto se debe a las limitaciones que impone esta estrategia con respecto a la obtención de beneficios de las tierras deforestadas, especialmente a través de la ganadería. En concreto, en mi explotación esto se traduciría en semanas de arduo trabajo desbrozando mis tierras sin beneficio alguno. También significaría la pérdida de estas tierras agrícolas productivas que no pueden beneficiarse de la restauración de los pastos. Además, la deforestación de estos bosques provocaría a corto plazo la liberación del carbono almacenado, dependiendo del uso de la madera.
Por último, tenemos la propuesta de Directiva de la Comisión Europea relativa a las emisiones industriales. La propuesta actual de la Comisión Europea establece una serie de limitaciones para los ganaderos con más de 150 «unidades de ganado» en total. Mi explotación supera actualmente ese umbral. Por un lado, necesitaré más ganado para mantener los pastos necesarios para cumplir con la Ley de restauración de la naturaleza. Sin embargo, esto me situaría automáticamente dentro del ámbito de aplicación de la Directiva de emisiones industriales, lo que conllevaría limitaciones financieras y administrativas adicionales que suponen un claro obstáculo a la inversión en nuestra explotación. Pongamos que prefiero disminuir mis cabezas de ganado para desligarme de las normas de la Directiva de emisiones industriales. Esto obstaculizaría la sucesión y el relevo generacional en mi explotación y en otras similares, puesto que dejarían de ser atractivas y viables en los próximos meses o años.
Para más inri, no hay que olvidar la comunicación que la Comisión Europea emitió al inicio de la guerra de Ucrania denominada RepowerEU o la relativa a los fertilizantes. Ambas fomentan el desarrollo del biogás agrícola y los fertilizantes orgánicos, que suelen favorecer a la ganadería europea. Sin embargo… contradicen otras iniciativas que buscan reducir la cabaña ganadera europea.
En la agricultura y la silvicultura trabajamos con la naturaleza. De igual manera, trabajamos en plazos de 5, 10 y 20 años, por lo que necesitamos previsibilidad, estabilidad y apoyo en la toma de las decisiones que afectarán la seguridad alimentaria y los recursos de nuestro país y de toda la Unión. En cuanto a la restauración de la naturaleza, la Comisión deja claro que la forma de cumplir los objetivos depende de los Estados miembro y de sus Planes nacionales de restauración, pero no aclara cómo tapar las grietas que han abierto entre las distintas propuestas legislativas presentadas.
Asimismo, la Comisión insiste reiteradamente en que los beneficios a largo plazo superan los costes a corto plazo. Sin embargo, esos costes a corto plazo no pueden cubrirse con los pagos de la PAC por servicios ecosistémicos y harán peligrar la viabilidad de muchas explotaciones. La Comisión también hace referencia a los beneficios colectivos, pero a corto plazo los agricultores serán los únicos que soporten el peso de estos cambios. Con este panorama, los planes a largo plazo suponen un horizonte inalcanzable para muchos de nosotros.
