Dicen que las Matemáticas y su derivada la Estadística son Ciencias Exactas. Lo son, sin duda, pero también son interpretables. Algo parecido ha pasado con las cifras de la propuesta de la Comisión Europea sobre el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, que establece el presupuesto que para ese septenio tendrá la Unión Europea a 27, y en lo que más nos toca con la partida 3 “Recursos naturales y medio ambiente”, donde se incluye la futura Política Agraria Común (PAC).
El comisario de Presupuestos, el alemán Günther Oettinger, afirmó que los fondos presupuestarios para la PAC solo se ajustarán en un 5% (equivalente a más de 20.000 millones en siete años), un porcentaje que, en principio, podría resultar aceptable aplicando ahorros y mejoras a las ineficiencias de su actual distribución, junto con techos máximos y pagos redistributivos en beneficio de los agricultores activos y más profesionales, cuyas rentas en parte dependan más de esas ayudas.
No ha sido así. Organizaciones agrarias, cooperativas, centros de análisis y de estudios, europarlamentarios y gobiernos autonómicos y nacionales han salido en tromba durante estos días para criticar con dureza que ese exiguo porcentaje no es tal y que el impacto negativo para los agricultores será mucho más elevado que el que nos quiere “vender” Bruselas.
Han venido a decir que su propuesta presupuestaria para los próximos años está llena de trampas y vericuetos, y que es totalmente incongruente e inaceptable, ya que pondrá más difícil cumplir con las mayores exigencias en lucha contra cambio climático y en las de tipo medioambiental, además de tener que garantizar el abastecimiento de productos de calidad y la seguridad alimentaria, pero con menos fondos comunitarios de apoyo, principalmente y sobre todo en los destinados a cofinanciar las medidas de Desarrollo Rural.
Vayamos a las grandes cifras. La CE presentó el 2 de mayo su propuesta presupuestaria para la nueva etapa, que asciende en compromiso de gasto a casi 1,28 billones de euros (en precios corrientes, aplicando un coeficiente de inflación estimado en torno a un 2% anual) para los 27 Estados miembros (1,135 billones de euros a precios constantes de 2018, descontando inflación), equivalente al 1,11% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE-27, frente a los 1,08 billones de euros del MFP 2014-2020 para la UE-28, incluido Reino Unido.
En créditos de pago la cifra global ascendería a 1,246 billones de euros a precios corrientes y a 1,105 billones (1,08% de la RNB) a precios contantes o reales de 2018, descontando inflación.
De estos fondos, unos 365.000 millones de euros se destinarían a financiar la nueva PAC (frente a los 408.313 millones de la PAC actual), que se reparten entre 286.200 millones para el primer pilar en pagos directos y medidas de mercado (frente a 308.726 millones en 2014-2020) y 78.800 millones para el segundo pilar de Desarrollo Rural (frente a 99.587 millones del periodo vigente). En porcentajes comparativos, habría un 10,6% menos de fondos para la PAC –es verdad que sin Reino Unido-; un 7,3% menos para el primer pilar, y casi un 20,9% menos para el segundo pilar.
Si, en cambio, las cifras se trasladan a euros constantes (a precios en valor real, descontada la inflación, de 2018), el presupuesto total de la UE-27 ascendería a 1,134 billones de euros, de los que 324.200 millones serían para la PAC y de esta cifra, 254.200 millones para el primer pilar de ayudas directas y medidas de mercado y 70.000 millones para el segundo pilar de Desarrollo Rural.
Restar a Reino Unido
Para entender un poco de dónde sacó Oettinger ese 5% de ajuste de los fondos para la PAC post-2020, habría que comparar las cifras en términos nominales o corrientes con las de la actual PAC, descontando la parte correspondiente a Reino Unido, no en términos constantes o reales. De los 408.313 millones de euros de financiación de la PAC del periodo 2014-2020 actual en la UE-28, unos 27.483 millones corresponden al Reino Unido. Al restarlos, quedarían 380.829 millones para una UE-27. Si esa cifra se compara con los fondos PAC post-2020 propuestos de 365.000 millones de euros, ese ajuste quedaría en un 4,2%, incluso algo inferior al 5% de la Comisión.
Otros análisis que sí tienen en cuenta los efectos de la inflación (precios reales o constantes) a lo largo de todo el septenio, elevan esa reducción hasta el 15% en 2027. Por ejemplo, Farm Europe cifra ese recorte en 27.400 millones de euros sobre el actual nivel de ayudas de la PAC, con lo que esta política común no solo estaría financiando la salida de Reino Unido (“Brexit”) de la UE, sino también buena parte de lo destinado a los nuevos retos de la Unión Europea. El impacto negativo sobre la renta agraria de los agricultores sería de media del 8,15%, aunque muy heterogéneo por país en función del peso de las ayudas directas sobre su renta agraria (en España, ese descenso estaría en torno al 3,5%).
Menos para Desarrollo Rural
Sea en términos nominales o corrientes o en términos reales o constantes, la realidad que el presupuesto de la PAC para el nuevo periodo de programación será difícil que no se reduzca, siendo la aportación comunitaria mucho más baja en el segundo pilar de Desarrollo Rural que en el primer pilar de apoyo directo y medidas de mercado.
La Comisión Europea mantiene el esquema de los dos pilares en la PAC post-2020, pero en el segundo (Desarrollo Rural) plantea reducir en 10 puntos porcentuales la aportación del FEADER comunitario, dejando la posibilidad de equilibrarlos a los Estados miembros, bien aumentando en ese porcentaje la cofinanciación nacional, bien transfiriendo parte de los fondos del primer pilar (ayudas directas y medidas de mercado) al segundo, aunque también pueda hacerse al revés.
La gestión que propone Bruselas para la PAC es compartida con los Estados miembros, dándose más importancia en el nuevo modelo al logro de resultados y al cumplimiento de unos objetivos fijados a nivel comunitario, dando más margen a cada país para que decida en su Plan Estratégico las medidas para hacerlo.
Los pagos directos a los agricultores y ganaderos continuarán siendo un elemento fundamental de la PAC post-2020, aun cambiando algo su orientación y estando también más condicionados. Según el comisario de Agricultura, Phil Hogan, no se reducirán en más de un 3,9% en ningún Estado miembro (según la propuesta presupuestaria bajarían un 3,5%, hasta 33.481 M€ para España, solo por detrás de Francia, con -3,9% y 50.035 millones, y similar a Alemania, -3,9% y 33.762 millones); tendrán un techo máximo obligatorio de 60.000 millones de euros, aunque flexible para tener en cuenta el empleo, incluyendo la ayuda familiar, y los pagos redistributivos (menores cuando más hectáreas sean) permitirán que el recorte sea inferior al previsto (e incluso que no lo haya) para los pequeños y medianos agricultores (definición que aún está por concretar, ignorándose si será única y a nivel comunitario o si se dejará que se fije a nivel de cada país).
De hecho, se pretende un vínculo reforzado con los objetivos ambientales. Los pagos directos estarán sujetos a una mayor condicionalidad que se aplicará a todos los beneficiarios. Los esquemas ecológicos voluntarios se incluirán en el presupuesto para pagos directos. Una parte importante de los fondos se destinará a acciones beneficiosas para el clima y el medio ambiente del Desarrollo rural. Este sistema proporcionará una mayor flexibilidad a los Estados miembros, permitiéndoles orientar mejor los objetivos medioambientales y ser más ambiciosos.
Se creará una nueva reserva de crisis para hacer frente a las crisis generadas por acontecimientos imprevisibles en los mercados internacionales o por perturbaciones específicas en el sector agrícola, como consecuencia de las medidas adoptadas por países de fuera de la UE. También, el apoyo a las herramientas de gestión de riesgos (seguros agrarios en España), incluida la estabilización de los ingresos, deberá introducirse en los planes estratégicos.
Otros apoyos
El futuro presupuesto de la UE mejorará las sinergias entre la política comunitaria de cohesión y la PAC para financiar las inversiones en medio ambiente y en biodiversidad. De acuerdo con los compromisos adquiridos con el Acuerdo de París y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, al menos el 25% (en vez del 20% actual) del gasto de la UE en todos los programas, no solo PAC y política medioambiental, debería contribuir a los objetivos de mitigación del cambio climático. En cifras, se trata de unos 320.000 millones de euros, aproximadamente.
La agricultura y la alimentación se verían favorecidas en el nuevo periodo de programación con un apoyo adicional de 3.500 millones de euros destinado a investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), dentro del marco del programa de Horizonte Europa, dotado de 10.000 millones de euros, que incluiría también los ámbitos de Desarrollo Rural y de Bioeconomía.
El programa LIFE a favor del medio ambiente y la acción por el clima dará también su apoyo a medidas que fomenten la eficiencia energética y las energías limpias.
El programa especial, con sus programas Copernicus y Galileo, permitirá a través de la monitorización por satélite de las tierras agrícolas el avance de una agricultura de precisión para un uso más racional de algunos “inputs” agrarios, como fitoquímicos y fertilizantes en los campos, reduciendo la contaminación general de los suelos agrícolas y del aire.
Otros gastos
El capítulo 2 de Cohesión y Valores obtendrá 442.400 millones de euros, un 7% menos que en la actual programación. En este marco, para Fondos estructurales y de Cohesión se prevé 273.000 euros y para el Fondo Social Europeo (FSE) otros 101.000 millones.
La CE prevé un mayor gasto futuro en ámbitos, como la investigación y la innovación, los jóvenes y la economía digital. Según informó, se incrementarán casi 9 veces el valor de las inversiones en transformación digital y en las redes digitales, hasta alcanzar 12.000 millones de euros (complementados con el apoyo inversor del Fondo InvestEU, mediante préstamos, garantías y otros instrumentos financieros), dentro de la partida de mercado único, innovación y digital, que contará con 187.400 millones.
Aumentarán más del doble los programas orientados a los jóvenes (Eramus +, con 30.000 millones de euros, y el Cuerpo Europeo de Solidaridad, con 1.300 millones), incluidos 700 millones de apoyo al pase Interrail para los jóvenes.
Se triplicará casi el gasto en la gestión de las fronteras exteriores, la migración y el asilo, para pasar a 33.000 millones de euros aproximadamente, con el fin de financiar hasta 2027 el despliegue de 10.000 agentes de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).
Se pretende aumentar en un 50% la inversión en investigación e innovación, con una dotación de 100.000 millones de euros para los programas emblemáticos Horizonte Europa y Euratom.
Se propone también aumentar las inversiones en seguridad en un 40%, hasta 4.800 millones de euros, y crear un Fondo de Defensa de 13.000 millones de euros, con unas inversiones necesarias para facilitar la movilidad militar en toda la UE de 6.500 millones de euros, mediante el mecanismo “Conectar Europa”.
Se busca reforzar la financiación para la Acción Exterior en un 26%, hasta los 123.000 millones de euros, con un énfasis especial en los países vecinos de Europa, manteniendo una reserva específica para responder a los retos emergentes, en particular en el ámbito de la estabilidad y la migración. Se creará, al margen del presupuesto europeo, un Mecanismo Europeo de Apoyo a la Paz, de 10.500 millones de euros para reforzar las posibles acciones conjuntas en países de fuera de la Unión.
Más recursos propios
La principal fuente de los recursos del presupuesto comunitario actual son las contribuciones de los propios Estados miembros, basadas en la Renta Nacional Bruta (RNB), que representan en torno al 80% del total, mientras que el 20% restante procede de una tasa uniforme del 0,3% de la recaudación del Impuesto sobre Valor Añadido (IVA) y del 80% de los derechos de aduana, que se cobran a los operadores económicos.
Ahora, la Comisión propone introducir una “cesta” de nuevos recursos propios, que consta del 20% de los ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión; de un tipo de referencia del 3% aplicado a la nueva base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades, así como de una contribución nacional calculada sobre el volumen de residuos de envases de plástico no reciclados en cada Estado miembro (0,80 €/kilo).
La previsión es que estos nuevos recursos propios supongan una recaudación anual de alrededor de 22.000 millones de euros para el periodo 2021-2027, lo que se corresponde al 12% aproximadamente de los ingresos del presupuesto de la UE, que iría a financiar las nuevas prioridades y a la reducción, en consecuencia, de las contribuciones basadas en la RNB nacional.
Calendario
Sobre la base de las propuestas presentadas, la Comisión someterá, en las próximas semanas, propuestas detalladas sobre los futuros programas financieros sectoriales. Las propuestas legales sobre la PAC, el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca y el programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE) se presentarán el próximo 1 de junio.
La decisión relativa al futuro presupuesto a largo plazo de la UE pasará entonces al Consejo, que deberá pronunciarse por unanimidad, con la aprobación del Parlamento Europeo. La gestión de los tiempos será crítica, apunta la CE, al considerar clave su aprobación un par de meses antes de las elecciones al Parlamento Europeo de finales de mayo de 2019. Unas fechas que, ahora mismo, se antojan muy justas con un objetivo muy difícil y complejo de conseguir.
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