En tiempos de auge y exceso de las “fake news” (noticias falsas) y de la posverdad, auspiciadas por la extrema viralidad de las redes sociales en Internet, la Comisión Europea ha propuesto una nueva reglamentación para mejorar la transparencia, la calidad y la independencia de los estudios científicos de evaluación de los riesgos en el ámbito de la seguridad alimentaria.
En principio trata de atender y dar respuesta a situaciones, como la llevada a cabo la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) sobre “Prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos”, respaldada por las firmas de 1.070.865 ciudadanos europeos, con medidas para hacer que el proceso para autorizar, restringir o prohibir el uso de plaguicidas sea más transparente en el futuro. Entre éstas, el acceso público a los datos brutos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) sobre las evaluaciones científicas de ese tipo de sustancias.
En palabras del vicepresidente primero de la CE, Frans Timmermans, “estamos abordando las preocupaciones de los ciudadanos, a fin de mejorar la transparencia sobre la toma de decisiones, para ofrecer un mejor acceso a la información pertinente y garantizar que la evaluación del riesgo sobre una base científica fiable siga estando en el centro de la toma de decisiones en este ámbito tan sensible de la seguridad alimentaria.”
Aunque la propuesta de Bruselas es lógicamente loable, y así lo han visto también los ministros de Agricultura de la UE que la apoyaron el pasado 16 de abril, existen muchas dudas de que sea ni mucho menos suficiente. A menudo, muchas organizaciones, en principio, sin ánimo de lucro, juegan hasta cierto punto y por su propio interés con el miedo y el temor de los ciudadanos ante realidades que no entienden y que podrían suponer, llevados a su extremo, riesgos para su bienestar y su salud. Ahí está, por ejemplo, todo lo relativo a las modificaciones genéticas de productos vegetales como el maíz, a pesar de que no se han comprobado sus efectos nocivos, o el más reciente del glifosato.
Para el comisario europeo de Salud y Seguridad Alimentaria, Vytenis Andriukaitis, “en la Unión, la determinación científica del riesgo para la seguridad alimentaria es una de las más estrictas del mundo. Ahora la reforzamos mediante normas de transparencia más claras y una comunicación del riesgo más eficaz en todo el proceso. Gracias a esta reforma, los ciudadanos tendrán acceso inmediato a los estudios científicos en apoyo de las solicitudes de autorización.”
¿Será suficiente o pecará por exceso esta apertura de puertas y ventanas de la AECOSAN/EFSA? ¿Está capacitado el común de los ciudadanos para entender complejos y sesudos estudios y evaluaciones científicas que se publiquen sobre determinadas sustancias o productos? ¿Lo están las asociaciones y organizaciones que dicen defender los intereses de los consumidores y de la sociedad civil en general? La respuesta en la gran mayoría de los casos es que no. La Comisión y la EFSA necesitarán realizar un esfuerzo adicional, nada fácil, para comunicar y divulgar de verdad, de forma mucho más sencilla y dándose a entender todo su abundante trabajo en el ámbito de la evaluación de riesgos en salud y seguridad alimentaria, sin perder por ello su obligado rigor científico.
La CE ha metido prisa a los Estados miembros y al Parlamento Europeo para que su propuesta se convierta en ley antes de las elecciones europeos de finales de mayo de 2019 y pueda aplicarse cuanto antes. No lo tendrá, sin embargo, fácil por lo arduo de su trabajo, aunque tampoco resultará imposible.
Amplia revisión
En su propuesta plantea toda una revisión específica del Reglamento sobre la legislación alimentaria general, junto con una revisión de hasta ocho actos legislativos sectoriales, para ajustarlos a la normativa general, con la intención de reforzar la transparencia en ámbitos tan polémicos con los OMG (organismos modificados genéticamente), los aditivos en los piensos, los aromas de humo, los materiales destinados a entrar en contacto con los alimentos, los aditivos, las enzimas alimentarias y los aromas alimentarios, los productos fitosanitarios y los “novel foods” (nuevos alimentos).
Las líneas básicas y los aspectos esenciales de la propuesta comunitaria son garantizar una mayor transparencia, ¿cómo? Permitiendo a los ciudadanos un acceso inmediato y automático a toda la información relacionada con la seguridad alimentaria, presentada por la industria en el proceso de determinación del riesgo, aunque con cortafuegos para la protección de los datos confidenciales (cláusula de confidencialidad) y del derecho de propiedad intelectual, como aclaró Andriukaitis.
Además, la CE pretende crear un registro europeo común de los estudios técnicos o científicos encargados para garantizar que las empresas, que solicitan una autorización, presenten toda la información pertinente y no oculten estudios que les son desfavorables.
A la vez, hacer posible que la EFSA pueda exigir estudios complementarios, a petición de la Comisión, y con cargo al presupuesto de la Unión. Y, por si fuera poco, también se quiere consultar a todos los operadores y al público sobre los estudios presentados por la industria en el marco del procedimiento de autorización de sus productos, implicando más a los Estados miembros en los procedimientos de autorización.
En el “caso del glifosato”, la CE no prohibió el uso de esta sustancia activa para el control de las malas hierbas, pero examinó muy de cerca las otras peticiones de la ICE, tomándoselas “muy en serio”, según afirmó Timmermans, quien añadió que “es preciso que los ciudadanos confíen en nuestro sistema de evaluación de riesgos y, aunque la responsabilidad de demostrar que los productos son seguros seguirá recayendo en manos de la industria, en caso de controversia, la EFSA podrá llevar a cabo sus propios estudios científicos.”
Por si no fuera suficiente, la CE quiere hacer obligatoria la consulta de las partes interesadas y los ciudadanos sobre los estudios presentados por la industria en apoyo de las solicitudes de autorización de productos y también aumentar la participación de los Estados miembros en la estructura de gobernanza de la EFSA y en sus comisiones técnicas científicas.
En resumen, reforzar la comunicación de riesgo a los ciudadanos, con acciones comunes para aumentar la confianza de los consumidores, fomentando su sensibilización y su comprensión, sobre todo explicando mejor los dictámenes científicos que emite la EFSA, así como el fundamento de las decisiones de determinación del riesgo. Veremos qué trecho hay entre el dicho y el hecho.
Primeras críticas
La Comisión Europea y la EFSA se han tenido ya que enfrentar ya a las primeras críticas sobre su propuesta. Por un lado, se alaban los objetivos planteados por estas instituciones comunitarias de cara a una mayor transparencia en la política de evaluación científica de riesgos en el ámbito de la salud y la seguridad alimentaria, pero se considera que no es la solución a todos los problemas, comenzando por el de la objetividad de los estudios de una industria, que persigue ver aprobado un determinado producto o sustancia.
No se ve nada claro, por ejemplo, que la CE permita a la industria química continuar encargándose de la evaluación de riesgos de los propios productos que busca luego comercializar. Y ante esto, se demanda desde las organizaciones conservacionistas y de consumidores más estudios independientes, que sean financiados con dinero público para contrarrestar este “conflicto de intereses”, como también se pide reforzar con tal pretensión la coordinación entre las agencias nacionales de salud y seguridad alimentaria competentes en la materia.
Desde el lado contrario, desde la parte industrial, aunque no hay una oposición a este esfuerzo de transparencia informativa que quiere impulsar la Comisión Europea, preocupa que todos los procedimientos previstos solo sirvan para retrasar aún más en el tiempo y hacer más complejas y difíciles la toma de decisiones sobre la aprobación de nuevos productos o sustancias activas, sin que eso suponga más conocimiento y más ventajas para los propios ciudadanos.
Un ejemplo de todo esto lo ha puesto recientemente sobre la mesa la Asociación Europea de Industrias de la Biotecnología (EuropaBio). Esta asociación demanda a la CE eliminar los test o pruebas de 90 días, que desde 2013 se aplican en los animales (principalmente ratones de laboratorio), llevadas a cabo en el marco de las evaluaciones de riesgos de los organismos modificados genéticamente (OMG), al demostrarse que esos ensayos de alimentación con maíces transgénicos no tienen fundamento científico, van en contra de las opiniones de los científicos y conducen a experimentos inútiles con animales.
