La Sociedad Anónima de Caución Agraria (SAECA) y el Gobierno de la Rioja, a través de su Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, han suscrito un nuevo convenio a través del cual se establece el marco de colaboración entre ambas entidades, para facilitar a los titulares de explotaciones agrarias y ganaderas de dicha región las garantías necesarias para el acceso a los créditos destinados a la financiación de inversiones para la creación, conservación o mejora de sus explotaciones y para el capital circulante necesario.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, Íñigo Nagore y el presidente de SAECA, José Ramón Bujanda, han sido los firmantes de este convenio.
SAECA, previo estudio de cada operación, facilitará los avales y fianzas necesarios para los préstamos otorgados por entidades financieras públicas o privadas destinados a financiar estas inversiones o necesidades de circulante, pudiendo solicitar estos avales las personas físicas o jurídicas que ostenten la titularidad de una explotación agraria o ganadera ubicada en La Rioja.
El Gobierno de La Rioja subvencionará parte de los costes derivados de la formalización de estos avales durante el año 2016. Así, compensará la comisión de apertura y estudio hasta un máximo del 0,50%, y la comisión de gestión del primer año, hasta el 75%.
Las cuantías máximas sobre las que se aplicarán las bonificaciones a SAECA en los costes de los avales alcanzan, en el caso de inversiones, hasta los 180.000 euros, si el titular de la explotación es una persona física, y hasta los 240.000 euros, si es persona jurídica.
En cuanto a los avales para préstamos de circulante, los costes máximos bonificables se aplican, en el caso de titulares de explotaciones que sean personas físicas, hasta 45.000 euros, y en el de personas jurídicas, hasta 60.000 euros. Además, en el caso de circulante para explotaciones ganaderas, la cuantía máxima del crédito sobre el que se aplica la bonificación a SAECA estará también limitada por el tamaño real de la explotación, conforme a un baremo establecido en el convenio.
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