La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA), Isabel García Tejerina, ha comparecido recientemente en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados donde ha presentado las 66 medidas que su Ministerio se compromete a llevar a la práctica en la presente legislatura. Las cinco principales organizaciones ecologistas de España, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEA/BirdLife y WWF, reconocen que son positivas pero consideran que existen graves carencias en las medidas propuestas para los sectores agroalimentario, pesquero y medioambiental.
En lo referido al sector agroalimentario, las organizaciones ecologistas destacan que el MAPAMA da a entender que no dejará de apostar por la actual política de intensificación e industrialización del sector agrario, que es ya una de las principales causas de pérdida de biodiversidad; en lugar de promocionar un modelo rural vivo, que potencie una producción agraria respetuosa con el medio ambiente y con el clima, priorizando la comercialización y consumo local y las pequeñas explotaciones. Lamentan también que en los planes para discutir la nueva reforma de la Política Agraria Común (PAC) vuelva a excluirse a las ONG ambientales a pesar del enorme impacto de esta actividad en la conservación de los recursos naturales.
Al mismo tiempo estas organizaciones dan la bienvenida a la propuesta de aprobar una Estrategia de Fomento de la Agricultura Ecológica, pero rechazan que no se incluya ninguna medida para prohibir los cultivos transgénicos comerciales y experimentales al aire libre. También queda por definir si la Estrategia Nacional de Regadío se centrará en seguir incrementando la superficie regada ignorando la reducción de caudales de los cursos de agua ligada al cambio climático, como recogen muchos planes de cuenca vigentes.
En materia de pesca la ministra continúa apostando por la expansión de la actividad pesquera industrial en terceros países, pese a los graves impactos ambientales y sociales que origina. Para las organizaciones ambientales la estrategia debe pasar por recuperar el recurso y por una política de protección del medio marino efectiva, tanto en aguas nacionales como en alta mar, que permita la recuperación de la biodiversidad. También, el ministerio pretende incrementar la pesca del atún rojo, algo que debe estar totalmente condicionado a las recomendaciones científicas. Las ONG valoran positivamente la intención de reforzar la lucha contra la pesca ilegal mediante seguimiento, inspecciones y denuncias. Otro elemento positivo es la intención del ministerio de apoyar las Reservas Marinas de interés pesquero.
En lo que respecta a las medidas sobre medio ambiente, las organizaciones ecologistas consideran estas políticas marginales y carentes de medidas concretas para lograr detener la pérdida de biodiversidad para 2020, tal y como el Gobierno se ha comprometido en el ámbito de la Unión Europea y mundial. También discrepan de la pretensión de consolidar la nueva normativa de costas, que tan graves consecuencias está teniendo ya para la conservación de nuestro litoral y que choca con las previsiones de impacto del cambio climático en la costa.
Pero la medida que más ha alarmado a las ONG ambientales ha sido la posibilidad de modificar la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad para permitir que se continúen liberando determinadas especies exóticas e invasoras en contra de una sentencia del Tribunal Supremo y de lo acordado a escala internacional. Esta importante ley necesita de medidas decididas para cumplirla, no de modificaciones para forzar actividades económicas incompatibles con la conservación de la naturaleza que solo responden a demandas de sectores económicos minoritarios.
Por otro lado, WWF, SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra consideran positivos los compromisos de lograr la declaración de 53 reservas naturales fluviales y el desarrollo de una Estrategia de protección y gestión de las reservas naturales fluviales. También destacan la propuesta de acometer la elaboración de una Ley de Cambio Climático y transición energética de forma consensuada, una carencia largamente reivindicada por las organizaciones ambientales.
