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Una Ley de Sequía sin quorum

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La recientemente aprobada por el Congreso de los Diputados Ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía, divide al sector agrario.

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) valoró positivamente el texto, exigiendo, eso sí, al Gobierno “urgencia en su aplicación y una dotación presupuestaria adecuada”. UPA recibe la Ley con “satisfacción y esperanza” ya que supone, señalan, la adopción de medidas en cualquier parte del territorio nacional afectado por situaciones de sequía y con el respaldo de importantes asignaciones económicas para desarrollar las diversas actuaciones contenidas en la Ley.

Dentro de las medidas incluidas en la citada Ley, UPA ha destacado por su importancia para el sector agrario el fondo extraordinario de lucha contra la sequía con una asignación desde el Presupuesto del Estado de un importe fijado en 1.000 millones de euros y destinado a las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la sequía; la ampliación de la dotación del Plan de Seguros Agrarios, para dar respuesta a la creciente demanda en la contratación; el establecimiento de una línea de préstamos de mediación del ICO por un importe global de 1.000 millones de euros; la exención de la cuota de la tarifa de utilización del agua y del canon de regulación; o las reducciones fiscales especiales (módulos) parta las actividades agrarias; entre otras.

Sin embargo, la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, quien ya presentara a los partidos políticos sus enmiendas a la Ley de Sequía cree que, “pese a la mejora del texto original, lo aprobado tiene aún bastantes carencias que limitan su aplicación en relación a la magnitud de la sequía y dejan sin concretar puntos importantes”.

Unión de Uniones ha realizado una primera valoración de lo aprobado en el Congreso y, aunque valora positivamente algunos aspectos que considera que suponen un avance respecto a lo que había antes, como las exenciones de cánones, el Fondo de Sequía o la moratoria de un año a las cuotas a la seguridad social, considera que habría que haber dado un paso más contundente en beneficio de los agricultores y ganaderos y las pérdidas que la sequía ya ha ocasionado y sus efectos que aún se dejarán notar.

En este sentido, la organización considera que los beneficios tributarios “se quedan cortos”. “La solo moratoria de las cuotas de la seguridad social únicamente sirve para posponer el problema”, según Unión de Uniones, “y, por otro lado, la reducción de módulos es la habitual a una situación que es excepcional, sin aumentar el porcentaje y límites de gastos de difícil justificación en estimación directa. Igualmente, considera que la exención del IBI va a quedar restringida por las condiciones establecidas”.

Por lo que respecta a la gran novedad del Fondo de Sequía, recuerda que su aplicación queda reservada sólo para titulares de explotación con seguro y con daños en elementos afectos a la explotación no asegurables, hasta un límite máximo del 70 % de los daños u ocho mil euros.

La organización recuerda, por un lado, que la materialización de dicho Fondo, así como de otras medidas contempladas, como la subvención al precio del agua desalada para que no supere los 0,3 euros/m3, o las exenciones de tasas y cánones de riego o el contrato especial para regadío, o la reducción del peaje para instalaciones de autoconsumo, también para regadío, deben aún desarrollarse y consignarse en su caso los presupuestos necesarios para llevarlas a cabo.

“Creemos que, en definitiva, es una Ley que concreta poco, además de que el papel parece que todo lo aguanta. Habrá que esperar a ver si el Gobierno lo pone realmente en marcha, cuándo y cómo lo que la Ley dispone”, afirman desde Unión de Uniones.

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT) también considera insuficiente el texto aprobado, ya que  “no tiene en cuenta las condiciones de los trabajadores agrarios por cuenta ajena”.

UGT FICA lamenta “que la única medida referida a los trabajadores por cuenta ajena es la que reduce a 20 el número de jornadas reales cotizadas exigidas a los eventuales agrarios de Andalucía y Extremadura para que puedan beneficiarse del subsidio por desempleo o de la renta agraria”. “Lamentablemente”, añade el sindicato en un comunicado, “para los trabajadores y trabajadoras del campo español la clase política de este país ha vuelto a defraudar sus expectativas, ya que esta medida llega demasiado tarde y queda muy lejos de dar solución al conjunto de trabajadores y trabajadoras agrarios”. Para el secretario sectorial agrario y de Manipulado Hortofrutícola de UGT FICA, Emilio Terrón, esta medida es, además, "discriminatoria", ya que “no tiene en cuenta al resto de trabajadores agrarios por cuenta ajena de las demás autonomías, que también están afectados por la pérdida de jornales como consecuencia de la sequía”.

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