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La Operación Sparrow se salda con 18 millones de euros en sanciones

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El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) ha notificado la Resolución con la que se pone fin al expediente sancionador 1/2015/SGP, iniciado a raíz de la conocida como Operación Sparrow, en la que se inspeccionaron las sedes de diversas empresas españolas en la localidad de Santa Eugenia de Ribeira durante los días 11, 12 y 13 de marzo de 2015, previa obtención de autorización judicial. Una operación llevada a cabo ante la sospecha de que estas empresas podrían estar relacionadas con buques implicados en Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (pesca INDNR).

Tras las investigaciones se obtuvieron más de 3.000 documentos que acreditaban la existencia de un entramado empresarial que, utilizando a otras empresas extranjeras, trataba de evitar el descubrimiento de los hechos finalmente sancionados.

El objetivo era permitir la gestión y explotación de cuatro buques: Kunlun, Songhua, Yongding y Tiantai, todos ellos incluidos en los listados de buques involucrados en pesca ilegal, tanto de la Unión Europea como de varias organizaciones regionales pesqueras como CCAMLR (Comisión para la Conservación de los Recursos Marinos Antárticos). En la actualidad el Kunlun se encuentra retenido en Senegal, el Songhua y el Yongding retenidos en Cabo Verde, y el Tiantai se hundió en las aguas antárticas en el año 2014.

Sanciones

La Resolución sancionadora, firmada por la ministra en funciones, Isabel García Tejerina, ha declarado responsables a las personas jurídicas españolas participantes del entramado (Vidal Armadores S. A., Viarsa Energía S. L., Viarsa Cartera S. L., Primary Capital S. L., Gallega de Pesca Sostenible S. L., Alimenta de Túnidos S. L. y Alimenta Corporación S. L.), así como a siete personas físicas vinculadas a estas, responsables de varias infracciones por mantener relaciones de diversa naturaleza con estos buques, prohibidas tanto por la normativa nacional como por la comunitaria y la internacional.

Además, se sanciona también a las empresas Vidal Armadores S. A., Propegarvi y Proyectos y Desarrollos Sostenibles S. L., así como a parte del personal de las mismas, presente en las sedes durante el desarrollo de las inspecciones, por obstrucción a las labores de inspección y destrucción de documentos, con multas por un total de 1.090.001 de euros.

Estas sanciones alcanzan un total de 16.750.000 euros, a las que se unen las sanciones de inhabilitación para el ejercicio de actividades pesqueras que van entre los 5 y los 23 años, y la prohibición de obtener subvenciones y ayudas públicas que van entre los 5 y los 26 años.

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