No es tarea fácil, sin caer en la dispersión de argumentos y opiniones, tratar de entender o legislar una actividad tan poco valorada como es la de transportar animales vivos. Pero podríamos hacernos una idea antes de empezar a debatir sobre este asunto con algunos datos y reflexiones que conviene poner encima de la mesa:
Simplemente con estos apuntes podemos, sin demagogia y sin exaltaciones, darnos cuenta de la necesidad del transporte de animales vivos y, lo más importante aún, que todos los que nos encontramos en este sector, al ganadero y cárnico me refiero, y a las Administraciones Públicas, pongamos en valor esta actividad y estemos “obligados” a tomar conciencia de que la prosperidad de todos también pasa por la prosperidad y el bienestar de esta actividad.
Desde luego, esto ha brillado por su ausencia en las últimas dos décadas, en las que se ha regulado, legislado e “intervenido” con escasa argumentación científica sobre el transporte de los animales vivos. Y con esto no estoy diciendo que las decisiones tomadas sean o no correctas o la mejores para mantener en un estado de salud y en unos niveles de exigencia elevados para velar por el bienestar de los animales. No olvidemos que el primer interesado en su bienestar es el transportista y por extensión todo el sector.
Dicho esto, el estado actual del transporte de animales en nuestro país es ciertamente notable y se cumplen sin gran dispersión en todo el sector todos y cada uno de los requerimiento necesarios de superficies, pesos, condiciones de los viajes, planificación y adecuación al tiempo de desplazamiento y temperaturas. Pero no olvidemos que el paso previo a regular y tomar decisiones sobre cualquier asunto es tener en cuenta a los principales administrados, en este caso, los transportistas.
Esto último en absoluto es una reflexión sin fundamento, más bien una consecuencia de la realidad y de no “guardar el orden” para que las cosas funcionen bien o al menos mejor. No es fácil darse cuenta de la gran cantidad de dificultades y normas a las que se enfrentan las empresas, autónomos y trabajadores que transportan animales vivos; ya que, si estás en contacto con el sector ganadero sólo pensarás que cuestiones propias de la carga, tales como densidades, pesos o temas sanitarios intervienen en el dicha actividad. En cambio, si estás en cualquier otro ámbito industrial o en el transporte discrecional de mercancías, el resto, exclusivamente podrías pensar que esa actividad está regulada exclusivamente en tiempos de descanso y conducción, dimensiones de los vehículos, masas máxima autorizadas, certificados o cualquier otro documento que te permita transportar mercancías.
Pues ni un punto de vista ni el otro, más bien los dos a la vez y con contradicciones e inconvenientes entre ambas. En un transporte de animales tienen que converger todas las variables que correspondan a la mercancía, por supuesto cualquiera que tenga que ver con sanidad y bienestar animal y aquellas propias de cualquier transporte.
Y es esta convergencia de normas e intereses no debatida y estudiada la que tiene consecuencias reales y genera verdaderos problemas a las personas que integran este sector; donde se dan casos tan ridículos como controvertidos, tales como que un camión tenga que detenerse cargado a apenas unas decenas de kilómetros porque el conductor ha rebasado su límite de horas de conducción. ¿Esto es bienestar animal? O como, por ejemplo, el exceso de peso que no es conocido hasta que el camión se pesa en una báscula (que por supuesto no está en una explotación ganadera) y qué hay que hacer con esos animales si por cuestiones sanitarias obvias no se pueden volver a descargar esos animales en el origen. ¿Esto es bienestar animal? O como, por ejemplo, que el conductor sea el único responsable de la carga de un animal presumiblemente no apto para la carga y, en caso contrario, quién la asume o qué se hace con ese animal que iba a ser transportado. ¿Esto es bienestar animal?
Éstas son sólo algunas de las lagunas por las que esta actividad pasa cada día y por las que entre todos, sectores y Administraciones Públicas, deben intentar resolver de una manera consensuada y sensata para todos.