Sequía: la Ley de las dudas

El Parlamento español dio luz verde a un Proyecto de Ley por el que se aprueban medidas para paliar los efectos de la sequía y se introducen modificaciones en la Ley de Aguas. Se trata de una iniciativa de los populares apoyada por los principales partidos de la oposición que introdujeron algunas enmiendas hasta la redacción de un texto que, en principio y, a expensas de su desarrollo, se puede valorar, en general, como positivo para abordar este tipo de situaciones.

Frente a los desastres provocados por condiciones climatológicas, tanto ésta, como las Administraciones anteriores, ya se habían instalado en la “chuleta” manida basada en aplazamiento del pago de la cuota a la Seguridad Social, créditos a bajo interés, la reducción de los módulos a efectos del IRPF, los avales subvencionados y la advertencia de que ahí estaba el seguro para protegerse.

En esa línea, se mantiene la política de aplazamientos en cuestiones como las cuotas a la Seguridad Social, el sistema de los créditos blandos o los avales subvencionados, aunque para lograr el préstamos hubiera que poner como garantía hasta al perro.

Pero, en esta ocasión, aunque sea una propuesta de los populares montados en unas prisas para dar una respuesta a un clamor en un sector agrario importante semillero de adhesiones en las urnas, se trata de una respuesta que, en principio, se debe calificar como positiva. La Ley va mucho más allá de todo lo actuado hasta la fecha por las Administraciones agrarias precedentes, aunque queda mucho por desarrollar y, sobre todo, muchos interrogantes sobre las posibilidades de ejecutar con garantías todo lo que se contempla en la nueva disposición que afecta a territorios desfavorecidos con daños superiores al 20% y al 30% en el resto de las zonas.

Es un paso adelante sobre las medidas ya clásicas y de escasa eficacia para solventar el problema, la constitución de un Fondo de la Sequía para apoyar a los afectados, con ese montante de 1.000 millones de euros destinado a los titulares de explotaciones que hubieran contratado el seguro, aunque sorprende no haya una sola referencia a las heladas. Es positivo ese compromiso de otros 1.000 millones en créditos blandos a quien hubiera contratado este año o en el anterior el seguro con el compromiso de hacerlo el año siguiente, aunque aquí sorprende que se diga que la línea estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. Es positiva la exención del IBI de las explotaciones afectadas por la sequía, aunque en este caso, y no es muy entendible, que se beneficien quienes no tuvieran contratado un seguro. Es positivo que la Ley contemple la necesidad de aumentar con un crédito extraordinario los fondos para hacer frente los pagos de las subvenciones a las primas de los seguros agrarios y que se estiman en unos 60 millones, para añadir a los 211 asignados para este año que figuran ya en los presupuestos.

Son positivas y lógicas todas las medidas encaminadas a que los regantes paguen menos o nada por acceder a un agua que en esta campaña no recibieron o la utilizaron con cuenta gotas, el impulso y compromiso para la reutilización de las aguas o la reducción del coste del agua desalada a 0,3 euros por metro cúbico. Es positiva la vieja medida ya de adelantar los pagos de las ayudas PAC a la segunda quincena de octubre y flexibilizar las exigencias para recibir las ayudas del pago verde o greening. Finalmente, y habrá que verlo para creerlo, es un dato positivo y sobre todo sería muy significativo, histórico, por las décadas que lo lleva demandando el sector, que los regantes pudieran, a partir de esta ley, poder suscribir anualmente dos contratos con las eléctricas en función de sus necesidades de utilización de potencia. Monumento a Isabel García Tejerina y no de Semana Santa.

Sin embargo, la nueva Ley da la impresión de que se ha elaborado con urgencia, con la mirada puesta exclusivamente en la coyuntura, dejando pasar la posibilidad de haber abordado en la misma, o al menos marcar los debates de fondo sobre el futuro del agua y el cambio climático o los trasvases en un país donde, mientras unas cuencas hoy se siguen muriendo de sed, otras se ahogan y deben proteger sus tierras e instalaciones frente a las riadas. Si se habla de agua, de sequía, no se pueden soslayar temas de mayor calado como si no existiera el problema. Es una cuestión que requiere mojarse y no solo al Gobierno. A partir de esta coyuntura está la necesidad de plantear una disposición para hacer frente no a una sequía, sino a todo el debate del agua y del medio ambiente.

Sorprende que, ante una disposición como ésta, en lugar de colocar la misma directamente en el Parlamento, no se hubiera debatido antes en el seno de Agricultura con todo el sector, organizaciones agrarias y cooperativas y que ese mismo proceso no lo hubieran seguido los propios partidos políticos.

De esta Ley, la principal duda que conlleva se centra en su desarrollo, sobre todo, en las disponibilidades financieras que debe aportar el Gobierno. Sorprende el silencio de Montoro, él tan cicatero para tanto gasto sobrevenido, al menos sobre el papel y la poca “venta” de las novedades de Ley por parte de Atocha. Agricultura, como se sabe y como señalaba recientemente el departamento en su propuesta de medidas para abordar la reordenación de la fruta dulce, no tiene fondos para ello, ni se atrevía a solicitarlos y veía muy difícil su movilización en los Presupuestos. Tenemos enfrente una Ley importante por su contenido y las nuevas vías que explora a la hora de los apoyos ante una situación de crisis en la cosa agraria. Pero, de momento, toca esperar su aplicación, caben las dudas, porque no se puede esperar que, de repente, Montoro tire la casa por la ventana y menos hacia el sector agrario a la vista de lo actuado en los años precedentes a la hora de aportar fondos.