Vidal Maté. @trigo_limpioVM
Dos años después de que la Administración de los populares en Agricultura elaborara un primer proyecto de real decreto para exigir el etiquetado en la leche y en el conjunto de los productos lácteos, ha sido el actual equipo de Atocha el responsable de elevar a obligatoria la indicación del origen mediante una disposición que se espera vaya al siguiente Consejo Ministros. La decisión fue comunicada por los responsables del departamento a los miembros de la Interprofesional de la leche que, de paso, ha solicitado extender la norma cuatro años más con un incremento de las cuotas para lograr unos ingresos superiores, dicen hasta 1,9 millones de euros anuales, que le permitan llevar a cabo una potente campaña de comunicación encaminada a potenciar la demanda, pero solo de los productos españoles.
El retraso en la aplicación de esta exigencia se debió en parte a la posición timorata de la Administración anterior en esta materia del etiquetado, como se sabe, también reacia a llevar a cabo la misma exigencia en el caso de la miel, como ha reclamando reiteradamente todo el sector de la producción, con la oposición de los industriales. Pero, ese retraso se debió igualmente en la fase final, cuando Agricultura ya tenía las cosas claras y aparece un informe la primavera pasada de la Comisión Nacional de los Mercados(CNMC) sobre el proyecto de real decreto donde se reclamaban al departamento de Atocha nuevos argumentos para justificar su implantación. Competencia entendía que la misma podía significar poner trabas a la libertad de circulación de mercancías, tener un efecto proteccionista para la industria nacional y compartimentar los mercados en el ámbito comunitario. A pesar de ello, la ministra anterior, Isabel García Tejerina señaló que iba a seguir con su idea. No tuvo tiempo de ejecutarlo y ahora, por fin, ha cerrado el proceso Luis Planas.
La regulación sobre el origen en el etiquetado de los productos alimentarios está contenida en el Reglamento comunitario 1169 de 2011 por el que se deja libertad para aplicarlo a cada Estado miembro y señalan su conveniencia siempre que omitir el país de origen pueda dar lugar a confusión y error para los consumidores. De acuerdo a esa normativa han sido numerosos los países que en los últimos tiempos han impuesto el etiquetado obligatorio de origen en los productos alimentarios. Italia lo tiene, entre otros, en pastas, Francia en carnes, frente al porcino español que invade su mercado, y en el caso de la leche, otros como Portugal, Grecia, Finlandia, Francia o Italia.
En medios agrarios no se oculta que la exigencia del etiquetado puede verse como una acción de apoyo para aumentar el consumo de los productos españoles, una especie de política renacionalizadora de la demanda, pero es lo mismo que están haciendo otros países comunitarios con más agresividad y con el silencio de Bruselas.
En el caso concreto de España, las experiencias para apoyar a los productos españoles no han sido positivas. A diferencia de otros países del entorno donde hay un movimiento nacionalista más fuerte, al margen de la campaña Alimentos de España, pensada más bien para el exterior, no hay una tradición para impulsar es tipo de demandas, si acaso campañas solamente ligadas a Comunidades Autónomas desde Andalucía, Galicia, pasando por Tierra de Sabor en Castilla y León. En los últimos años la experiencia estatal más importante fue el intento para apoyar la demanda de leche mediante el estampado en los briks de la leyenda Producto Lácteo Sostenible, PLS para diferenciar la leche española. Ello no se tradujo en un mayor consumo interior de la misma que siguió cayendo desde los 100 litros por persona y año en 2000 a menos de 70. Las importaciones aunque se han reducido ligeramente tras el discreto aumento de la producción tras la supresión de las cuotas en 2015, siguen siendo elevadas.
Tras la leche, no tendría ningún coste para la actual Administración y sí sería un gesto agradecido por el sector, exigir el etiquetado de origen en la miel para evitar que nos estén metiendo todo tipo de mieles, algunas de dudosa procedencia, como se puso de manifiesto en el pasado cuando la propia Unión Europea llegó a paralizar la entrada de mieles procedentes de China. Desde la Administración anterior, Industrias Agroalimentarias, se entendía que las empresas del ramo estaban perfectamente controladas desde la perspectiva de calidad y sanidad y que con eso bastaba.
La Administración agraria actual parece está en ello y al fin podremos saber de dónde viene la miel, por ejemplo, de la Granja San Francisco, por decir algo, que no quiere decir denunciar la calidad de la misma…
