La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, ha vuelto a ser noticia para el sector agrario con la emisión de un informe en relación con el proyecto de real decreto de Agricultura sobre la obligatoriedad de poner el país de origen en las etiquetas de la leche y de los productos lácteos por el que se recomienda introducir algunas argumentaciones más de peso para justificar su publicación.
Según la normativa comunitaria sobre etiquetado, reglamento 1169 de 2011, un Estado miembro puede imponer la obligatoriedad de que figure el país de origen, entre otras razones, cuando su omisión pueda inducir a error al consumidor, por interés de salud pública, protección al consumidor, evitar fraudes, competencia desleal, protección de la propiedad intelectual, cualidades diferenciadas según su origen o una fuerte exigencia de los consumidores.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura justifica la obligatoriedad, entre otras razones, por ser una demanda masiva de los consumidores, según la consulta pública realizada hace un año y, además, porque esa información tiende a ser percibida como un atributo positivo asociado a la calidad del producto.
La CNMC, desde un planteamiento puramente técnico, tiene razón cuando recomienda a los hombres de Agricultura que, a la hora de justificar la obligatoriedad de ese etiquetado hagan argumentaciones más sólidas cuando se habla de una decisión en defensa de los intereses y la protección de los consumidores, la calidad del producto o la existencia de calidades diferenciadas….cuando en la UE hay una normativa común sobre calidad que deben cumplir todos los Estados miembros y no es precisamente un producto que venga de un tercer país. Tiene razón igualmente la CNMC cuando se tienta la ropa y habla de que la medida podía tener un efecto proteccionista de la industria nacional.
Esta sería la fría y pura valoración técnica de los hombres de Competencia. Sin embargo, por debajo de la misma, existe y no se puede obiviar, tampoco para los hombres de la CNMC, una lectura política que sí han tenido en cuenta los responsables de Atocha, con Isabel G. Tejerina a cabeza. No se puede ocultar la existencia en algunos de los países más importantes de la UE, de una corriente renacionalizadora, con Bruselas haciendo de don Tancredo, en pro del impulso al consumo de los productos propios.
Se trata de una actitud que va más allá de la tradición de las banderitas en cada envase, algo delo que no hay tradición ni sentimiento en España, y que ya se ha concretado en decisiones de otros Estados miembros cercanos como Francia, Portugal o Italia obligando a poner el país de origen en productos como leche, carnes o pastas. En resumen, medidas con los consumidores como objetivo a defender, pero que en realidad responden a objetivos puramente proteccionistas al amparo de la reglamentación comunitaria. Ante este escenario, Agricultura no podía ponerse de lado y, con la misma reglamentación en la mano que están utilizando otros Estados miembros, tratar de montarse en el mismo carro para defender a su industria y a sus ganaderos, mientras no haya orden en contra en los reglamentos comunitarios tras el fracaso cosechado cuando con el mismo objetivo se implantaba de forma voluntaria la leyenda de Producto Lacteo Sostenible en los envases para dar idea de que se trataba de leche española.
El conjunto del sector agrario y la industria española apoya la decisión de obligar al etiquetado de origen en la leche, pero apicultores y consumidores no acaban de entender la negativa de Agricultura para aplicar la misma en la miel, aquí sí en aras de la transparencia y calidad del producto, exigiendo solamente que en la etiqueta figure miel comunitaria, no comunitaria o comunitaria y no comunitaria para las mezclas sabiendo que una parte importante de esa miel procede de terceros países como China donde existen serias dudas sobre sus controles fito y zoosanitarios.
Con esta medida, la administración agraria, al menos sobre el papel, trataría de apoyar al sector de la industria y a los ganaderos diferenciando el origen de la materia prima en un intento de incentivar la demanda del producto ya la postre, los precios a percibir por los ganaderos. Pero, no se puede dejar a un lado que ese sector al que ahora se quiere apoyar vía el etiquetado del origen, hoy se halle liderado por una gran multinacional francesa Lactalis, con una cuota de mercado en origen en el entorno del 20% y con capacidad para mandar en los precios en función de los intereses globales de la firma y no de los intereses de los ganaderos nacionales, sin que nadie fuera capaz en su día de impulsar la formación de un gran grupo nacional en la última década. Quizás, con un gran grupo español y además con amplia base cooperativa, a lo mejor lo del origen proteccionista, sobraba.
